El contador del número de víctimas del conflicto armado en Colombia va creciendo cada segundo. Hasta el momento se han registrado 7.392.679, de las cuales Cali se queda con una buena tajada.
Según estadísticas de la Unidad de Víctimas, ‘La Sucursal del Cielo’ recibió 16.534 declaraciones de personas que salieron de sus tierras por actos terroristas, amenazas, homicidios, torturas, secuestro u otras razones, y llegan en busca de una tierra prometida que está a punto de estallar.
Como si se tratara de una enorme colmena, donde la miel abunda, a Cali están llegando en promedio 25 familias todos los días que se declaran víctimas. Más o menos cada núcleo familiar está conformado por 5 personas, lo que nos revela una preocupante cifra: Cali recibe a diario 150 personas, en promedio, que llegan con una mano adelante y la otra atrás y en busca de ayuda humanitario a económica.
“Tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se rompe”, dice un viejo refrán y es precisamente el que más se ajusta a la situación que está viviendo la ciudad con el tema del desplazamiento. Según Felipe Montoya, asesor de paz, solamente con el tema de los Embera Katío que estaban en El Calvario, el Municipio tuvo que desembolsar más de $2.000 millones para cubrir el tema de la salud. Los recursos iniciales para atender a la población desplazada salen del ‘bolsillo’ del municipio, dinero que se deja de invertir en otras necesidades básicas de la ciudadanía.
“El hecho de que seamos un municipio grande no quiere decir que seamos ricos. El conflicto armado es un conflicto nacional y es el Gobierno nacional quien debe responder por las necesidades. La ciudad no tiene los recursos para mantener a tanta gente”, aseguró el funcionario. Pese a las ayudas que las personas en situación de desplazamiento reciben por ley, muchas de ellas creen que al llegar a Cali van a coger el cielo con las manos, pero luego se estrellan con una dura realidad.
“Llegué de Barbacoas (Nariño) con mis 7 hijos y sola. Recibí un subsidio de arrendamiento, pero eso no me alcanza, así que me tocó irme para una invasión. En mi tierra salía a pescar y tenía la comida, acá me toca ‘matarme’ vendiendo chontaduro para darle a mis hijos aunque sea arroz. Si hubiera sabido que acá la cosa es tan jodida, me habría ido para otra parte”, fue el testimonio de Olga, una afrodescendiente campesina a quien la ciudad se la ‘devoró’.
Entonces, ¿por qué se vienen para Cali? Felipe Montoya da una explicación clara del porqué Cali será (más bien ya lo es), la capital del posconflicto y no es sólo cuestión de cercanía geográfica con las llamadas zonas rojas. “Esta es una de las plazas que más ayuda les da a los desplazados y respondemos de manera inmediata. Por ley entregamos bonos de ayuda humanitaria de $40.000 de aseo y $60.000 de alimentación por persona. Si además llega sin nada y sin una red de apoyo, les damos un bono de mantenimiento de $300.000 y además tenemos una casa de paso que los acoge y les asegura la comida y otros beneficios... la gente se viene atraída por eso”, aseguró Montoya.
Lo increíble es que la gran mayoría llega con la información clara, saben a dónde ir, saben qué bonos les van a dar, los papeles que deben presentar y siempre le exigen a la ciudad unas condiciones de dignidad que son difíciles de cumplir. Es mucho el ‘vivaracho’ que se aprovecha. “La otra vez llegaron más de 100 personas de Chocó, recibieron los bonos y luego se montaron en un bus y se fueron... ¡le sacaron a la ciudad $10 millones en un día!”, dijo el Asesor de Paz.
“Muchos se vienen para acá porque ya tienen a algún familiar y buscan reunificación. Según los cálculos el número de desplazados que va a llegar a Cali este año se va a incrementar entre un 15% y 20%”, aseguró Rengifo.
Para nadie es un secreto que la entrega de viviendas gratuitas brilla como oro a kilómetros de distancia y todos quieren reclamar su botín. “Soy caleño raizal y toda la vida he sido pobre. Pago mis impuestos y servicios públicos y es injusto que llegue alguien de Cauca o de Nariño y le den casa en menos de un año, en cambio a uno no le ayudan en nada”, aseguró Floresmiro Marín, quien lleva toda la vida anhelando tener un techo propio. Un ejemplo claro de esta situación es Valleverde, donde el 80% de sus habitantes son personas desplazadas. Hasta el momento el ‘Plan Jarillón’ ha reasentado a 3.972 habitantes, la gran mayoría provenientes de otros departamentos.
No todos son malos.
Pese a que la gran mayoría queda con un sabor amargo ante el tema de los ‘nuevos visitantes’, la realidad de estas personas es triste y complicada.“Salí de Padilla, Cauca, porque mi marido se metió en problemas y como no quise guardarle un maletín que estaba lleno de armas, él mismo me iba a matar al niño”, es el testimonio de una mujer de 40 años, que hoy está refugiada en el hogar de paso que ofrece la Asesoría de Paz. Ella sabe que debe ponerse a trabajar, pero lo único que sabe hacer es criar gallinas.
Una situación parecida vive otra mujer del hogar, quien busca a su marido como si fuera una aguja en medio de un pajar. “Mi marido se vino de Chocó porque lo amenazaron y me dejó con mis 6 hijos, Luego me amenazaron a mi y me vine a buscarlo, solo sé que está en una invasión y que yo tengo que trabajar para salir adelante”.
Entonces, ¿qué puede hacer la ciudad ante este drama nacional? Felipe Montoya respondió: “El mensaje no es que vamos a cerrar las puertas, lo importante es que la Ley de Víctimas se diseñó desde Bogotá, sin tener en cuenta a los entes territoriales y nos pusieron una cantidad de obligaciones que son difíciles de cumplir”.
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